APR amenaza con llevar a los tribunales la no celebración de pleno en el mes de agosto

Alianza Por Ronda amenaza con llevar a los tribunales el hecho de que no se celebre pleno ordinario en el mes de agosto tal y como aprobó la Corporación Municipal en la jornada de ayer.

Al líder de APR, Antonio María Marín Lara, no le gustó nada la idea de no celebrar sesión plenaria en el próximo mes a pesar de que tanto miembros del Tripartito como la portavoz popular, Mari Paz Fernández, declarasen que esto era lo habitual en los últimos años.

Eso sí, el PP tampoco votó a favor de la propuesta escudándose en que el año pasado durante esa mensualidad no tuvieron la información corporativa que solicitaron al no llevarse a cabo el pleno.

Para finalizar, la alcaldesa quitaba hierro al asunto afirmando que si existen temas de relevancia se realizarán los plenos extraordinarios que sean necesarios.

En la sesión también se aprobó definitivamente la modificación de crédito para ampliar la partida de la concejalía de Fiestas en 143.000 euros llegando a los 585.000. La responsable de esta área, María José Sánchez, explicaba a qué se destinará ese dinero. Por su parte tanto Marín Lara como Fernández entendían la propuesta aunque cada uno lo achacaban a cuestiones distintas. Por último Álvaro Carreño, concejal de Economía reconocía que no había cumplido el objetivo de reducir la cantidad destinada para festejos pero porque el ayuntamiento ha tenido que afrontar compromisos económicos.

Algo llamativo fue la pregunta que realizaron los populares a Álvaro Carreño al que le pidieron explicaciones sobre si era cierto que estaba autorizando a ciudadanos a que ocupasen edificios municipales. Mari Paz Fernández se basaba en unos comentarios que según ella, le habían hecho los propios beneficiarios de esa situación. El también concejal de Asuntos Sociales desmintió los rumores.

En la sesión, de casi 4 horas de duración, también se aprobó la recuperación de dos nuevos caminos públicos aunque con la ausencia del PP que no quisieron participar en el debate de la propuesta porque, aseguraban, la cuestión no contaba con la “garantía jurídica” necesaria. También se aprobó una bonificación en la cuota del impuesto sobre construcciones al área sanitaria serranía y el inicio del expediente de interpretación de la gestión del transporte urbano de la ciudad.